“La reasignación de subsidios perjudiciales es nuestra principal herramienta para financiar la biodiversidad”

Si le explico que estamos financiando la destrucción de los mismos ecosistemas de los que depende nuestra supervivencia, ¿me creería?

El mundo atraviesa una crisis de biodiversidad sin precedentes. Más de un millón de especies de plantas y animales están al borde de la extinción y la intrincada red de vida que sustenta nuestro planeta y nuestro bienestar se está deteriorando a un ritmo alarmante. Se estima que las tasas de extinción son entre 100 y 1,000 veces superiores a los niveles naturales. Los bosques, que albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre, se encuentran en el epicentro de esta crisis. Desde la Amazonía hasta la Cuenca del Congo y el Sudeste Asiático, los ecosistemas vitales están desapareciendo como resultado de la deforestación y la degradación, provocadas por las actividades humanas no sostenibles.

En diciembre de 2022, la comunidad global adoptó el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, un acuerdo histórico que establece objetivos ambiciosos, entre ellos la meta “30×30”: conservar el 30% de la superficie terrestre y marina del planeta, y restaurar el 30% de sus ecosistemas degradados para 2030. Sin embargo, la ambición sin recursos sigue siendo una promesa vacía. Las estimaciones revelan una enorme —y probablemente conservadora— brecha anual de financiamiento para la biodiversidad de 700 mil millones de dólares. Esta cifra representa la diferencia entre lo que se gasta actualmente y lo que se necesita para detener y revertir la pérdida de la naturaleza.

Aunque los debates suelen centrarse en movilizar nuevos recursos para cubrir esta brecha, una verdad mucho más grande e incómoda salta a la vista: los subsidios perversos.

Cada año, destinamos billones a actividades que dañan activamente el medio ambiente, incluidos nuestros valiosos bosques. El verdadero desafío, y de hecho la mayor oportunidad, no es simplemente encontrar más dinero para la naturaleza, sino poner fin al sinsentido financiero que alimenta su destrucción.

Los subsidios perjudiciales para el medio ambiente (EHS, por sus siglas en inglés) son incentivos gubernamentales (como pagos directos, exenciones fiscales y apoyos de precios) que, a menudo (seremos generosos), de forma no intencionada, promueven patrones de producción o consumo insostenibles. Estos subsidios agotan los recursos naturales, degradan los ecosistemas, distorsionan los mercados, malgastan recursos y crean un terreno desigual donde las prácticas sostenibles tienen dificultades para competir

La magnitud de esta financiación mal orientada es casi incomprensible. Investigaciones recientes indican que en 2024, los subsidios perjudiciales globales alcanzaron aproximadamente los 2.6 billones de dólares anuales, un equivalente al 2.5% del PIB mundial, lo que representa un aumento de 800 mil millones de dólares desde 2022. Si ampliamos el alcance para incluir todos los flujos financieros negativos para la naturaleza, tanto del sector público como del privado, la cifra asciende a casi 7 billones de dólares por año. Esto equivale a casi dos órdenes de magnitud más que la financiación global positiva actual para la biodiversidad, estimada entre 124 y 143 mil millones de dólares anuales.

El propio Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal reconoce este problema en su Meta 18, que establece la identificación de los incentivos perjudiciales para 2025 y la eliminación, reducción gradual o reforma de al menos 500 mil millones de dólares por año para 2030. Aunque se trata de una cifra considerable, esos 500 mil millones representan solo una fracción del total de los flujos financieros dañinos, lo que pone en evidencia no solo la magnitud del desafío, sino también el enorme potencial de oportunidades.

¿Cómo impactan los subsidios perjudiciales a los bosques (y otros ecosistemas)?

• Agricultura: Este sector recibe un importante apoyo gubernamental, con estimaciones que sitúan entre 500 y 600 mil millones de dólares anuales destinados a subsidios potencialmente perjudiciales para el medioambiente. Estos subsidios a menudo fomentan el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas químicos, que contaminan los cuerpos de agua y degradan la salud del suelo, fundamentales para los ecosistemas forestales. También pueden promover el monocultivo y alentar la expansión de la frontera agrícola hacia los bosques y otros hábitats naturales, causando directamente deforestación y pérdida de hábitats. Por ejemplo, en Nepal, los subsidios a fertilizantes derivaron en prácticas agrícolas insostenibles e invasión de zonas forestales. De manera similar, en Vietnam, los subsidios de crédito para el café impulsaron la expansión de plantaciones en tierras forestales.
• Acuicultura: Aunque parecen distantes de los bosques terrestres, los subsidios perjudiciales a la pesca, estimados entre 22 y 35 mil millones de dólares anuales, contribuyen a la sobrepesca y la degradación de los ecosistemas marinos. Esto tiene efectos en cadena sobre los bosques costeros como los manglares, que funcionan como viveros vitales para muchas especies de peces y brindan protección natural a las costas. La gran mayoría de estos subsidios favorecen a grandes flotas industriales, a menudo en detrimento de pescadores artesanales que mantienen prácticas extractivas sostenibles.
• Combustibles fósiles: Este es, posiblemente, el rubro más grande y dañino. En 2022, los subsidios explícitos a los combustibles fósiles (mantener los precios por debajo de sus costos reales) alcanzaron los 1.3 billones de dólares. Sin embargo, si incluimos los subsidios implícitos —es decir, los costos ambientales no contabilizados, como los efectos del cambio climático y la contaminación atmosférica— la cifra se dispara a unos asombrosos 7 billones de dólares ese mismo año. Estos subsidios alimentan directamente el cambio climático, que a su vez devasta los bosques mediante incendios, sequías, plagas y alteraciones en el crecimiento. También crean poderosos desincentivos para la transición a energías renovables, encasillándonos en una trayectoria de alto carbono, perjudicial para los bosques y la biodiversidad.

Esta colosal mala asignación de fondos públicos significa que, en la práctica, estamos financiando la destrucción de los mismos ecosistemas de los que depende nuestra supervivencia. Es como intentar llenar una bañera dejando que el agua siga corriendo, o para decirlo con más dramatismo, como la historia del castigo eterno de las Danaides, que fueran sometidas a llenar con agua eternamente un tonel que no tenía fondo.

Más que “dinero nuevo”, el poder de la reasignación

La magnitud de los subsidios perjudiciales implica que su reforma y reasignación no es simplemente una opción para financiar la biodiversidad, sino posiblemente la fuente más importante disponible. Esto cambia por completo la narrativa de centrarse principalmente en “buscar dinero nuevo” a la tarea, aún más urgente, de “redirigir el dinero existente y perjudicial”.

Priorizar esta “gran redirección” ofrece un “doble dividendo” crucial:

• Detiene el sangrado: Al eliminar o reformar estos subsidios, se reduce directamente la financiación pública de actividades que degradan bosques, contaminan ecosistemas y llevan a las especies a la extinción.
• Libera vastos recursos: Los miles de millones, incluso billones, ahorrados pueden reasignarse a inversiones positivas. Estos fondos pueden apoyar la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de bosques, la restauración de ecosistemas, la acción climática y una transición justa para las comunidades afectadas por las reformas.

Imaginemos redirigir incluso una fracción de los 2.6 billones de dólares anuales de subsidios perjudiciales hacia la plantación de árboles, la restauración de tierras degradadas, el apoyo a la conservación liderada por comunidades o la inversión en prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan la presión sobre los bosques. El impacto sería transformador.

Los beneficios van más allá de lo financiero. La reforma de subsidios perjudiciales puede llevar a:

• Mayor eficiencia económica: Los mercados pueden funcionar de forma más eficaz, recompensando a empresas sostenibles en lugar de a las respaldadas por incentivos perjudiciales.
• Recuperación ambiental: Menor contaminación, suelos y aguas más sanos, menos emisiones de gases de efecto invernadero y ecosistemas forestales más resilientes.
• Equidad social: Aunque las reformas deben gestionarse con cautela para evitar impactos negativos sobre los grupos más vulnerables, el espacio fiscal que generan puede destinarse a financiar redes específicas de protección social y apoyar una transición justa. La experiencia de Indonesia al eliminar los subsidios a los pesticidas en los años 80, por ejemplo, redujo a la mitad su uso, disminuyó su impacto negativo sobre la biodiversidad y generó ahorros fiscales, al tiempo que se implementó un programa de manejo integrado de plagas que benefició directamente a los agricultores.

El principal desafío no es técnico ni económico; es político. Los intereses creados, a menudo, se resisten al cambio y existen preocupaciones legítimas sobre los costos del ajuste. Sin embargo, estrategias como la implementación gradual, la participación transparente de los actores y medidas compensatorias específicas pueden superar estos obstáculos.

¿Qué hay de otras herramientas de financiamiento? Un papel complementario

Aunque la reforma de subsidios tiene el mayor potencial, otros mecanismos financieros pueden desempeñar un papel complementario valioso para financiar la conservación de bosques y la biodiversidad:

• Canjes de deuda por naturaleza (DfNS): Implican la reestructuración de la deuda de un país en desarrollo, bajo el compromiso de que una parte del alivio se destine a conservación. Aunque son mecanismos complejos y requieren diligencia debida, pueden proporcionar financiamiento a largo plazo, especialmente para naciones con alta deuda y gran biodiversidad.
• Créditos de biodiversidad: Es un mercado emergente donde proyectos que entregan resultados positivos verificados para la naturaleza pueden generar créditos que compran entidades interesadas en invertir en biodiversidad. El mercado aún es incipiente, con gastos globales recientes estimados en 11.7 mil millones de dólares, en su mayoría provienentes de esquemas de cumplimiento. Son fundamentales principios de alta integridad para evitar el “greenwashing” y garantizar equidad para Pueblos Indígenas y las comunidades locales.
• Créditos de carbono desde soluciones basadas en la naturaleza (SBN): El mercado voluntario de carbono ya canaliza fondos a proyectos como la forestación, la reforestación y la deforestación evitada, que capturan carbono y pueden generar beneficios colaterales para la biodiversidad. Los proyectos basados en la naturaleza representaron el 80 % de los 18 mil millones de dólares recaudados en este mercado entre 2021 y mediados de 2023. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre adicionalidad, permanencia y cuantificación real de beneficios. Son esenciales estándares sólidos y un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV).
• Fondo del Marco Global de Biodiversidad (GBFF): Establecido en el marco del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), este fondo tiene como objetivo apoyar la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad. Se financia tanto con fondos públicos tradicionales como a través de un mecanismo innovador que permite recibir posibles contribuciones del sector industrial.

Estas herramientas pueden contribuir, pero no pueden reemplazar el impacto transformador de redirigir los miles de millones que actualmente financian actividades perjudiciales. Su eficacia también depende de los mismos principios de integridad, transparencia y equidad que deben sustentar la reforma de subsidios.

Asegurar un futuro positivo para la naturaleza, con bosques saludables en su centro, exige un enfoque pragmático y políticamente astuto.

• Priorizar y acelerar la reforma de subsidios (Meta 18): Esto debe ser la piedra angular de nuestra estrategia global de financiamiento para la biodiversidad. Los gobiernos deben identificar urgentemente los subsidios perjudiciales para 2025 y desarrollar planes claros, con plazos definidos, para reformarlos o eliminarlos, empezando por los más dañinos. El objetivo de reducir 500 mil millones de dólares anuales debe considerarse un piso, no un techo.
• Asegurar una transición justa: La reforma de subsidios debe diseñarse e implementarse de forma equitativa. Esto implica involucrar a las comunidades afectadas, incluidos agricultores y personas dependientes de los bosques, y proporcionar apoyo específico, como redes de protección social o asistencia para la transición hacia medios de vida sostenibles. El objetivo no es castigar, sino redirigir el apoyo hacia prácticas que beneficien tanto a las personas como a la naturaleza.
• Fortalecer la cooperación internacional: Los países desarrollados deben cumplir sus compromisos de aumentar los flujos financieros hacia los países en desarrollo, que albergan una proporción desproporcionadamente alta de la biodiversidad mundial. También es fundamental brindar asistencia técnica para la reforma de subsidios y el acceso a nuevos mecanismos financieros. En temas como los subsidios pesqueros o el apoyo agrícola que distorsionan los mercados globales, se requiere una acción internacional coordinada.
• Alinear las finanzas del sector privado con la naturaleza: El sector privado, incluidas las instituciones financieras, debe ir más allá de las inversiones de nicho e incorporar consideraciones sobre biodiversidad en todas sus operaciones. Esto implica adoptar marcos que integren los mercados de carbono con un enfoque centrado en la biodiversidad, establecer objetivos basados en la ciencia para la naturaleza y desinvertir en actividades que impulsan la deforestación y la pérdida de biodPueblos Indígenas y las comunidades localeiversidad.
• Empoderar a los Pueblos Indígenas (PI) y las comunidades locales (CL): Los Pueblos Indígenas y las comunidades locale son guardianes en primera línea de muchos de los bosques y puntos críticos de biodiversidad restantes del mundo. Sus derechos, incluidos el derecho a la tierra y el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), deben estar garantizados. Los mecanismos financieros, ya sean producto de la reforma de subsidios o de nuevos mercados de créditos, deben garantizar una distribución equitativa de beneficios y acceso directo al financiamiento para iniciativas de conservación lideradas por ellos. El reconocimiento, en el Marco Global de Biodiversidad, de un órgano subsidiario dedicado a los PI y CL representa un avance positivo.
• Planificación y monitoreo nacionales sólidos: Las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (EPANB) son clave para implementar el Marco Mundial de Biodiversidad. Estos deben incluir planes financieros nacionales claros y con costos detallados, que indiquen cómo se movilizarán los recursos. Esto abarca estrategias específicas para la reforma de subsidios y la creación de incentivos positivos orientados a la conservación de los bosques y el uso sostenible del suelo. Es fundamental fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el seguimiento de todos los flujos financieros relacionados con la biodiversidad.

Ya es tiempo de dejar atrás el financiamiento para la destrucción de los bosques y la naturaleza.

La crisis de biodiversidad, con los bosques en su centro, exige un cambio radical en cómo valoramos y financiamos la naturaleza. Aunque la brecha anual de financiamiento, estimada en 700 mil millones de dólares, puede parecer desalentadora, la realidad es que ya estamos gastando mucho más de formas que además socavan la salud del planeta.

La herramienta financiera más poderosa a nuestra disposición no es la movilización de dinero nuevo, sino la redirección de los billones que hoy alimentan la destrucción ambiental mediante subsidios perjudiciales. Abordar y reformar estos incentivos perversos, en sectores como la agricultura, los combustibles fósiles y la pesca, puede liberar recursos inmensos para la conservación, la gestión sostenible de los bosques y una transición justa.

Esta “gran redirección” requerirá coraje político de los gobiernos, acción responsable del sector privado, investigación y promoción diligente de organizaciones como CIFOR-ICRAF y sus socios, y la participación empoderada de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.

Es hora de cambiar el guión del financiamiento para la biodiversidad: dejar de financiar la destrucción de nuestros bosques y comenzar a invertir en un futuro donde tanto las personas como la naturaleza puedan prosperar juntas. La salud de nuestros bosques, y de hecho, de nuestro planeta, depende de ello.

Nota del editor: Robert Nasi es Director Científico de CIFOR-ICRAF.