Durante décadas, los esfuerzos de conservación a nivel global se centraron en establecer Áreas Naturales Protegidas (ANP) con un enfoque de protección estricta. Esto, en muchos casos, se hizo sin una participación plena de las poblaciones en esos territorios, replicando patrones de exclusión histórica y desencadenando conflictos. Sin embargo, esta visión ha comenzado a transformarse.
Los Diálogos de Conservación impulsados en cuatro países de la región Andino-Amazónica buscan precisamente apoyar esta transformación. La creciente evidencia demuestra que la conservación es más efectiva cuando involucra activamente a los grupos locales y se basa en esquemas de gobernanza colaborativa. En este contexto, los enfoques basados en derechos están cobrando protagonismo al reconocer que la sostenibilidad debe ir de la mano con la justicia ambiental.
Este enfoque no solo en clave desde la visión de la gobernanza para el desarrollo sostenible. El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (KM-GBF) también refleja la necesidad de este cambio de paradigma. Su “Meta 22” reconoce explícitamente los derechos de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes en los esfuerzos de conservación, y promueve su participación plena, equitativa, efectiva e informada en la toma de decisiones. Asimismo, exige respeto a sus sistemas de conocimiento, equidad de género y acceso justo a los beneficios derivados de la conservación.
En este contexto, los países firmantes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) deben garantizar que la implementación del KM-GBF también esté anclada en los derechos humanos reconocidos a nivel global, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El llamado es no solo a evitar hacer daño, las acciones de conservación deben contribuir activamente a promover los derechos de las comunidades, transformar la gobernanza de las ANP y fomentar modelos más inclusivos y pertinentes.
“La adopción del KM-GBF y el compromiso con la Meta 22 ofrecen un marco propicio para avanzar hacia modelos de gobernanza más justos, donde los derechos de las personas y de la naturaleza estén en el centro”, explica Rocío Vasquez, investigadora asociada sénior del Centro para la Investigación Forestal Internacional y Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF).
Los Diálogos de Conservación, impulsados por CIFOR-ICRAF en colaboración con la Alianza por el Clima y el Uso de la Tierra (CLUA) y la Fundación Gordon & Betty Moore, iniciaron en 2024 como un esfuerzo para apoyar a los países andino-amazónicos en la implementación de sus metas nacionales con un enfoque de gobernanza basado en derechos. Estos espacios de diálogo han promovido el intercambio de experiencias y la construcción participativa de hojas de ruta nacionales que orienten acciones más efectivas y equitativas en la conservación.
“Los Diálogos de Conservación en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú son parte de un proceso más amplio para repensar el rumbo de la conservación en América Latina”, destaca Juan Pablo Sarmiento Barletti, científico de CIFOR-ICRAF quien lidera el equipo de investigación.
La adopción del KM-GBF y el compromiso con la Meta 22 ofrecen un marco propicio para avanzar hacia modelos de gobernanza más justos”
Avances y desafíos en la región Andino-Amazónica
Desde 2021, los países han iniciado procesos de actualización de sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales para la Diversidad Biológica (NBSAP), el principal instrumento requerido por el CDB para implementar el KM-GBF.
El análisis preliminar muestra que en los cuatro países donde se desarrollan los Diálogos de Conservación se presentan diferentes avances. En el caso de Perú, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050 ya ha sido aprobada y su Plan de Acción al 2030 se encuentra en consulta pública. Este documento, construido de manera participativa, establece objetivos y acciones concretas para fortalecer la gobernanza con enfoque en derechos, articulando de forma explícita la Meta 22 del KM-GBF con la Meta 28 nacional.
En Colombia, el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030 fue aprobado en 2024 tras un extenso proceso participativo que incluyó diálogos regionales y el diseño de un sistema de gobernanza con espacios de articulación territorial. Se destaca una meta nacional exclusiva sobre gobernanza (Meta 5), que promueve mecanismos de participación con enfoque diferencial e incorpora formas de conservación en territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos.
Ecuador, por su parte, aún no ha actualizado su Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015–2030. Sin embargo, en los últimos años se han realizado diagnósticos participativos para identificar brechas y oportunidades de mejora, incluyendo los derechos de la naturaleza, la gobernanza multinivel y la equidad de género. Bolivia mantiene vigente su Estrategia Plurinacional de Biodiversidad 2019–2030, y ha iniciado un proceso de actualización hacia el periodo 2025–2030. Este proceso busca consolidar aprendizajes previos e integrar elementos del KM-GBF, aunque aún no ha sido formalmente aprobado.
El aporte de los diálogos
En este escenario diverso, los Diálogos de Conservación ha generado espacios únicos de encuentro en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre 2024 y 2025, se han realizado ocho diálogos nacionales (dos por país), con la participación de 240 personas de diversos sectores: agencias gubernamentales, sociedad civil, academia, sector privado y organizaciones representativas de Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes.
Los encuentros han servido como plataformas para reflexionar sobre el estado actual de la gobernanza, identificar oportunidades de mejora y construir de manera colaborativa hojas de ruta que orienten acciones concretas hacia una conservación con enfoque en derechos y que serán presentadas hacia finales del año.
“A lo largo de los diálogos realizados en los cuatro países, emergieron varios elementos comunes en torno a una visión compartida de la gobernanza basada en derechos, entendida como el conjunto de aspiraciones, expectativas y principios que orientan la relación entre sociedad, Estado y territorio”, explica Vania Martinez, investigadora asociada sénior en derechos, gobernanza y equidad de CIFOR-ICRAF.
Los puntos en común para avanzar hacia la gobernanza de la conservación basada en derechos evidenciados durante la segunda ronda de diálogos en los cuatro países son:
1. Los derechos como punto de partida
Uno de los consensos más fuertes fue que los derechos de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes y de la naturaleza deben ser la base de cualquier acción de conservación. Aunque los países cuentan con marcos legales avanzados, su aplicación efectiva es limitada. Se identificó la necesidad de que los Estados actúen con coherencia y asuman un rol activo para garantizar estos derechos a todos los niveles.
2. Participación efectiva y representativa
La legitimidad de las decisiones en materia de biodiversidad depende de que sean inclusivas. Los diálogos subrayaron que los espacios de toma de decisiones deben ser más inclusivos, incorporando especialmente a los actores con derechos históricos sobre los territorios. Asimismo, se enfatizó la importancia de garantizar el acceso a información clara y oportuna para sustentar estos procesos.
3. Reconocimiento de conocimientos tradicionales y locales
Se destacó la necesidad de reconocer el valor de los conocimientos de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes en pie de igualdad con el conocimiento científico. Esto implica respetar visiones del mundo diversas y promover procesos que articulen los intereses, saberes y necesidades de múltiples actores, evitando superposiciones y vacíos en la gestión.
4. Distribución equitativa de beneficios y riesgos
Una conservación justa también requiere una distribución justa de los beneficios y riesgos. Se propuso fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos, y reorientar el financiamiento hacia acciones de restauración y fortalecimiento de los grupos locales. Asimismo, se llamó a redistribuir beneficios hacia los grupos locales que actualmente no se ven reflejadas en los esquemas existentes.
5. Educación ambiental transformadora
Finalmente, se identificó como acción esencial fomentar una educación ambiental que cuestione los actuales modelos extractivos de gestión de los recursos. Esta educación debe promover relaciones más éticas con la naturaleza y construir colectivamente nuevas nociones de bienestar fundamentadas en la justicia ambiental. También se resaltó la necesidad de que el sector privado y el Estado asuman responsabilidades frente a los pasivos ambientales.
“Los hallazgos preliminares evidencian las oportunidades para transformar la forma en que se conservan los ecosistemas, pero también los desafíos estructurales que deben superarse. Reforzar la voluntad política, mejorar la coordinación institucional, garantizar financiamiento suficiente y promover el diálogo intercultural serán claves para avanzar”, destaca Rocío Vasquez.
El equipo multidisciplinario de Diálogos de Conservación se encuentra preparando análisis más profundos y hojas de rutas nacionales, las que esperan informar políticas de conservación que aborden enfoques inclusivos basados en derechos en los países andino-amazónicos.
Para obtener más información sobre tema puede ponerse en contacto con Juan Pablo Sarmiento Barletti en j.sarmiento@cifor-icraf.org
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